La Justicia avala que el coste de las instalaciones fotovoltaicas de edificios o huertos puede añadirse a la base imponible del Impuesto de Construcciones (ICIO), como defienden los municipios.
El matrimonio de conveniencia de la construcción y la administración local ha durado lo mismo que el boom de la vivienda. El fin de los beneficios inverosímiles y el abandono de la demanda han llevado a los constructores a eliminar grasa, vigilando hasta el último céntimo de los costes en busca de rentabilidad. Al tiempo, los ayuntamientos sondean varias estrategias para recuperar el dinamismo recaudatorio, ya que el desplome del mercado residencial ha minado sus arcas.
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